PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES, UNA ESTRATEGIA DE MERCADO?

Por: Grupo de Estudios Forestales

A nivel mundial y en especial algunos países latinoamericanos se tiene una preocupación por las cifras nada alentadoras que vienen dando los estadistas sobre la escases y sobrexplotación de los recursos naturales, que trae como consecuencia el conflicto social, puesto que cada vez mas y mas gente debe tener acceso a estos recursos, teniendo en cuenta la permanencia de estos para las generaciones futuras.
Según Silvia Ribeiro "Las trasnacionales manipulan los datos de la crisis para justificar el despojo y aumento de la privatización, culpando a la gente común, los campesinos y los servicios públicos por mal uso y administración" (1); además la inclusión del concepto de desarrollo sostenible sustentado en el principio de que el que contamina paga no es mas que una estrategia de mercado capitalista; que se disfraza bajo los instrumentos económicos y de mercado que han sido utilizados por varias décadas en la prevención de la contaminación y la conservación de los ecosistemas.
El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es uno de estos nuevos enfoques fundamentado que si los servicios ambientales gratuitos escasean debido a la explotación, éstos adquieren un valor económico. Los usuarios del servicio podrían interesarse en compensar a los administradores de recursos para garantizar que los servicios necesarios sean suministrados en el futuro. Consiguientemente, si se efectúa dicha compensación, los proveedores del servicio recibirán un ingreso por concepto de sus esfuerzos adicionales de protección, pero quien es este administrador?, será el estado, las comunidades indígenas, campesinas; pues no, serán las empresas privadas o multinacionales quienes administran estos recursos por la facilidad de entrar en concesiones que proporcionan nuestra legislación sobre las cuencas hídricas, la diversidad biológica, secuestro de carbono y belleza de paisaje.
Por ejemplo en los últimos años, el concepto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) ha recibido mucha atención como herramienta innovadora para financiar inversiones en manejo sostenible de tierras en varios países de América Latina, en el caso particular de Colombia, donde el Banco Mundial financia proyectos a comunidades rurales como el Proyecto Regional de Gestión Integrada de Ecosistemas Silvopastoriles, el Proyecto Visión del Agua, financiado por el IDRC en zonas ecológicamente sensibles se les ofrece un contrato con el gobierno o con una entidad privada bajo el cual se les paga por proteger sus bosques, biodiversidad y recursos hídricos(2). De primera intención suena magnífico, una mediación entre lo ambiental y la necesidad económica, pero todo parece ser un engaño, porque esta es una política privatizadora.
La propuesta del pago por servicios ambientales es seductora donde existe pobreza, advierte CASIFOP (3). La tendencia es clara, esta política pretende ampliar la participación de las comunidades en estos programas, haciéndoles creer que recibir beneficios económicos a cambio de sus territorios es la única forma de subsistencia. No se les informa debidamente que vender sus recursos naturales significa privatizar sus bienes comunales. De lo que no se habla es el costo social, del contexto económico ni de la desigualdad ya existentes y de su progresiva agudización dentro del proceso de privatización. El pago por servicios ambientales sólo asegura el encarecimiento de los recursos naturales y por ende la desigualdad aún mayor de acceso a ella.
Por ejemplo si una comunidad decide que ya no quiere participar en el programa que plantea la política y desea volver a decidir sobre el manejo de su bosque; según los contratos que firman las comunidades, además de suspender los pagos programados, serán multados y podrían perder más de lo que recibieron. Pero al estar en áreas prioritarias de servicios ambientales, será el gobierno el que decidirá qué se puede hacer allí o no. Las comunidades no podrán alegar ni su derecho a consulta, porque ya firmaron al gobierno que solicitaban ese reconocimiento.
Si quien toma el contrato es una empresa muy probablemente extranjera, porque quienes entran en esos negocios son las multinacionales más contaminantes, que así justifican la destrucción que hacen del ambiente, ésta podría demandar indemnización al Estado por incumplimiento de contrato. Si son industrias como Mitsubishi y otras que se dedican al mercado secundario de esos servicios compran contratos de pagos de servicios ambientales en países donde salen baratos y los venden a otras empresas en naciones donde se pagan más caros, hasta pueden alegar pérdida de ganancias y aplicar la legislación.
Por todo ello, es imprescindible construir nuestros propios mapas de la crisis y de los caminos para enfrentarla; desde la base de la organización de las comunidades indígenas y campesinas quienes habitan en estas áreas naturales estratégicas y orientadas bajo el movimiento estudiantil.